Una nueva estafa política sacude al país: ciudadanos aparecen inscritos en partidos sin haber firmado nada. El Jurado Nacional de Elecciones ya investiga, pero el verdadero responsable sigue en la sombra: el Estado, y en particular el Ministerio del Interior, que ha fracasado en su deber de proteger la información personal de millones de peruanos.

Una democracia burlada desde las sombras

¿Puede una democracia sobrevivir cuando ni siquiera se respeta la voluntad individual más básica: la de elegir libremente a qué partido pertenecer? En el Perú, esa pregunta dejó de ser retórica. Hoy, cientos —y quizás miles— de ciudadanos descubren con indignación que han sido inscritos en partidos políticos sin su consentimiento. No es un error administrativo. Es fraude. Y lo que es peor: ocurre bajo la complicidad de un sistema que permite que tu nombre, tu firma y tu voluntad sean utilizados sin que nadie pague por ello.

Del anonimato al padrón partidario: cómo roban tu identidad política

Lo que comenzó como una sospecha se ha convertido en una denuncia masiva. Ciudadanos que jamás firmaron una ficha de afiliación figuran inscritos en organizaciones partidarias, muchas de ellas nuevas y urgidas por cumplir el mínimo legal de adherentes. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha reconocido las denuncias, pero el proceso para salir de esa falsa militancia es indignante: pagar una tasa de S/ 46.20 y esperar una revisión burocrática. ¿La víctima tiene que pagar para corregir un crimen del que no fue parte?

Y no es casualidad. A solo un año de las elecciones generales de 2026, los partidos apuran su inscripción. ¿La solución más rápida? Falsificar firmas, robar identidades y nutrir padrones con ciudadanos desprevenidos.

El Ministerio del Interior y su silencio cómplice

Aquí es donde el foco se vuelve más grave. Porque esta crisis no nace solo del oportunismo de los partidos, sino de un Estado que ha demostrado una inaceptable negligencia. El Ministerio del Interior es el ente encargado de custodiar nuestros datos personales. Y sin embargo, tras la masiva filtración de información ciudadana en 2024 —que expuso nombres, DNI, direcciones y más—, no ha habido una sola reforma seria, ni sanciones ejemplares.

¿Dónde están las garantías para que los ciudadanos no sean manipulados digitalmente? ¿Dónde está el blindaje institucional que impida que partidos con prácticas clientelistas accedan a datos privados con fines ilegales? Lo cierto es que no están. Y lo que está ocurriendo ahora es el resultado de esa omisión. El Estado no solo no previno. Facilitó.

El costo de desafiliarse: revictimización institucional

Quienes descubren su afiliación ilegal enfrentan un nuevo atropello: el sistema exige que paguen para salir. Es decir, te inscriben sin tu consentimiento, y tú tienes que gastar tiempo y dinero para corregirlo. Si esto no es una revictimización, ¿qué lo es?

Y aunque el JNE ha ofrecido un enlace para verificar si figuras en algún partido político, no ha planteado una solución estructural ni ha ofrecido la gratuidad del trámite.

¿Qué dice la ley? ¿Y qué hace el Congreso?

La Ley de Protección de Datos Personales exige consentimiento expreso para el uso de datos. Lo que está ocurriendo hoy es una violación masiva a esa norma. Pero no hay escándalo en el Congreso. No hay interpelaciones al ministro del Interior. No hay comisiones investigadoras. El silencio político es estruendoso.

Porque si hay algo que les incomoda más que la crítica, es que se exponga cómo su propio sistema se sostiene sobre irregularidades que conviene no mirar.

El riesgo de normalizar el abuso

Esto no es una anécdota electoral. Es una advertencia. Si un ciudadano no puede confiar en que su identidad política no será suplantada, ¿qué confianza puede tener en las elecciones? ¿En el padrón? ¿En los partidos? ¿En la democracia misma?

No estamos ante un error técnico. Estamos ante un fraude estructural que necesita ser llamado por su nombre. Y necesita consecuencias reales. Porque si no hay castigo para quienes falsifican firmas, entonces se oficializa la impunidad como regla electoral.

La urgencia de una reforma ética

Este escándalo es la oportunidad —o la excusa— para replantear de raíz cómo se gestiona la participación política en el Perú. No puede ser que un sistema permita que alguien te robe la voluntad con una fotocopia de tu DNI. No puede ser que el Estado, que debería protegernos, sea el primero en dejarnos expuestos.

La limpieza del padrón es urgente, pero no suficiente. Se necesita una reforma institucional que garantice que la militancia no se construya con mentiras, y que la democracia no se financie con engaños.