El Congreso oficializó la Ley Nº 32441 que moderniza el régimen de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA), permitiendo la puesta en marcha de más de US$ 30 000 millones en obras de infraestructura, servicios públicos y desarrollo territorial, tras años de proyectos paralizados por la burocracia.

Un despertar legislativo para la inversión privada

Después de múltiples bloqueos y demoras, el Congreso de la República publicó la Ley Nº 32441, declarada de interés nacional y publicada en el diario oficial El Perúano. Esta ley reformula el marco regulatorio que promueve la participación privada mediante APP y PA, con el fin de cerrar brechas de infraestructura y servicios públicos esenciales como salud, educación, agua y saneamiento.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), liderado por Raúl Pérez Reyes, adelantó que esta norma desbloqueará una cartera de proyectos por más de treinta mil millones de dólares, devolviendo previsibilidad y competitividad al país.

Innovaciones clave: ágil, eficaz, orientada al ciudadano

Para evitar que los grandes planes sigan varados, la nueva ley introduce un conjunto de reformas destinadas a agilizar procedimientos:

• Reducción de los plazos para elaborar estudios técnicos.
• Optimización de las fases de los proyectos APP, con menos trabas burocráticas y mayor coordinación institucional.
• Simplificación de las modificaciones contractuales, para que ajustes y correcciones no detengan obras ya aprobadas.
• Priorización de proyectos de alcance nacional, de impacto social y territorial significativo.

Además, ProInversión —tradicionalmente promotora— asumirá ahora funciones de concedente, lo que le otorga un papel más activo en la ejecución, no solo en la promoción, de los proyectos.

Impacto esperado: empleo, desarrollo regional y bienestar

El nuevo marco legal no sólo busca acelerar obras, sino generar beneficios directos para la ciudadanía:

• Mejora de servicios públicos esenciales: agua potable, transporte, salud, educación.
• Generación de empleos formales: construcción, operación, mantenimiento de proyectos en regiones diversas.
• Fortalecimiento de la economía regional, dinamización del Producto Bruto Interno (PBI) mediante inversiones eficientes.

Desafíos y riesgos latentes

Aunque la ley promete mucho, su eficacia dependerá de varios factores que podrían demorar o debilitar sus efectos:

• La aprobación del reglamento, cuya elaboración tiene un plazo máximo impuesto, será clave para operacionalizar la norma.
• Capacidad institucional, especialmente en niveles regionales y locales, para gestionar contratos, supervisar obras y evitar corrupción o demoras ocultas.
• Financiamiento claro y sostenible: muchas obras requieren desembolsos cuantiosos, garantías contractuales robustas y mecanismos de seguimiento.
• Transparencia y participación ciudadana para asegurar que los proyectos respondan a necesidades reales, no solo a intereses particulares o electorales.

La Ley Nº 32441 representa para Perú más que un cambio administrativo: es la apertura de una puerta que llevaba años cerrada. Es el reconocimiento de que el retraso cuesta vidas, oportunidades, competitividad. En la carrera por modernizar el país, esta norma podría ser la chispa que encienda kilómetros de carretera, aulas dignas, hospitales funcionales y servicios equitativos. Pero para que la promesa no quede en discurso, se necesitará ejecución, vigilancia y compromiso real.

Redacción: Mauricio Saldaña Pizarro