El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declaró improcedente la solicitud de inscripción de Rafael López Aliaga como candidato a primer regidor de la Municipalidad de Lima por el partido Renovación Popular. La resolución del órgano electoral frena la intención del exalcalde de retornar al municipio metropolitano, abriendo un debate jurídico sobre su estatus legal tras haber resultado electo como senador en los recientes comicios generales.
El experto calificó el hecho como un «fraude a la ley», explicando que intentar rodear las normas para conseguir un objetivo sin respetar las formalidades debidas vulnera la legalidad. (Foto: RPP)
Cuestionamientos y el debate sobre la condición de senador electo
Para el abogado constitucionalista Domingo García Belaúnde, las maniobras políticas de López Aliaga —quien renunció a la alcaldía de Lima para postular a los comicios nacionales y luego buscó inscribirse como regidor— constituyen una afectación a los principios normativos, calificando la situación como un «fraude a la ley» por no respetar las formalidades institucionales. El jurista precisó que, a pesar de haber manifestado su intención de apartarse del cargo parlamentario, López Aliaga mantiene legalmente su condición de senador electo. Bajo este criterio, será el nuevo Congreso el que deberá formalizar la vacancia de su escaño a partir de agosto por inasistencia a las juntas preparatorias, impidiéndole quedar eximido de dicha investidura antes de ese plazo. García Belaúnde estimó que el recurso de apelación anunciado por Renovación Popular cuenta con escasas probabilidades de éxito ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debido a lo evidente del escenario procesal.
Vacíos normativos y falta de precedentes claros
Por su parte, la abogada especialista en derecho electoral Silvia Guevara sostuvo que el caso expone un «vacío jurídico» derivado de la superposición de los calendarios entre las elecciones generales y las municipales. Guevara señaló que la legislación actual no regula un mecanismo formal de renuncia previo a la juramentación del cargo legislativo, lo que obliga a las autoridades electorales a realizar evaluaciones específicas caso por caso. Si bien consideró que las oportunidades de éxito para la apelación son reducidas porque la proclamación previa como senador restringe su libertad real para postular en otra contienda, la especialista matizó que los argumentos de la defensa se enfocarán en delimitar el momento exacto en que se adquiere dicha condición de manera formal.
Escribe: Naomi Selene Carrasco Cruz
