Tras el asesinato de 13 mineros en La Libertad, el Gobierno decreta medidas de emergencia en Pataz que incluyen la suspensión total de actividades mineras, la instalación de una base militar y toque de queda nocturno. La presidenta advierte que no permitirá que el crimen organizado se adueñe de territorios productivos del país.

Una respuesta tardía ante una tragedia anunciada

La noche del 4 de mayo, cuando aún resonaban las noticias de los 13 cuerpos hallados maniatados y ejecutados en un socavón de Pataz, la presidenta Dina Boluarte se dirigió al país. Lo hizo con tono firme y gesto endurecido. Sabía que el país no solo esperaba explicaciones, sino acciones. Y las anunció: suspensión total de la minería en Pataz, despliegue militar en la zona, y toque de queda en toda la provincia.

Las medidas llegan tras uno de los crímenes más atroces vinculados a la minería ilegal en el Perú, una industria paralela que genera más de 7.000 millones de dólares anuales, superando al narcotráfico y burlando con facilidad a las instituciones del Estado. En esa misma selva de oro y silencio, operaban los trabajadores asesinados, supuestamente contratados por una empresa que presta servicios a la minera La Poderosa.

Un alto total para mapear la informalidad

La suspensión de toda actividad minera por 30 días —con posibilidad de prórroga— busca detener el avance del crimen y dar espacio para una intervención integral del Estado. Durante este tiempo, se realizará un mapeo de las operaciones y se procederá a depurar el REINFO, el Registro Integral de Formalización Minera, herramienta que en teoría legaliza a mineros en proceso de formalización, pero que en la práctica ha servido de escudo a operadores criminales.

“Vamos a limpiar el REINFO de quienes lo usan para cubrir actividades ilegales, contaminantes o violentas”, indicó una fuente del Ministerio de Energía y Minas. Esa limpieza, sin embargo, llega después de años de advertencias desoídas.

Militares en la mina y toque de queda al crimen

El Ejecutivo también anunció la instalación de una base militar en el distrito de Pataz, con presencia permanente de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esta base estará estratégicamente ubicada cerca de La Poderosa, la misma zona donde bandas armadas han tomado control territorial y donde las camionetas de lujo circulan con tanta impunidad como el oro ilegal.

El toque de queda, que se aplicará de 6:00 p.m. a 6:00 a.m., busca cortar la movilidad nocturna de las organizaciones criminales, muchas de las cuales aprovechan la oscuridad para movilizar cargamentos de oro, armas y dinamita. “Es una medida de seguridad, pero también simbólica: el Estado está volviendo donde antes se había retirado”, declaró un oficial de la Policía.

Una promesa que suena a deuda

“No vamos a permitir que organizaciones criminales se apoderen de zonas productivas del país”, sentenció Boluarte. Pero para muchas familias en Pataz, esa promesa llega con 13 vidas de retraso. La minería informal en La Libertad no es nueva. Las denuncias sobre la militarización del oro, las bandas armadas, los lujos desproporcionados y la permisividad de las autoridades vienen circulando desde hace años.

Lo que hoy se ha decretado como emergencia, pudo haber sido evitado si se hubieran aplicado los mecanismos legales de fiscalización, sanción y retiro del REINFO a tiempo. La omisión institucional fue el verdadero primer disparo.

Pataz como espejo del Perú profundo

Lo ocurrido en La Libertad es también un retrato de las fracturas estructurales del país: territorios sin presencia efectiva del Estado, mercados ilegales que operan como economías formales, y una ciudadanía atrapada entre el silencio, el miedo y la necesidad de subsistir. La gran minería informal, con rostro criminal y maquinaria pesada, no se esconde. Se exhibe. Que el oro brille no debería nublar la justicia. Y que el crimen sea rentable no puede volverlo tolerable.

La masacre de Pataz marca un antes y un después. Ahora toca vigilar que la indignación nacional no se apague cuando se apaguen los reflectores. Porque si algo nos ha enseñado esta tragedia, es que sin fiscalización, hay impunidad. Y con impunidad, el oro mata.