La masacre de 13 mineros en La Libertad expone la complicidad estatal que permite el avance de la minería ilegal y el crimen organizado

El crimen que sacudió a Pataz

El 4 de mayo de 2025, la provincia de Pataz, en la región de La Libertad, fue escenario de una tragedia que evidenció la creciente violencia asociada a la minería ilegal en Perú. Trece trabajadores de la empresa R&R, contratista de la minera Poderosa, fueron hallados muertos en un socavón tras haber sido secuestrados el 26 de abril por bandas criminales vinculadas a la minería ilegal.

Los cuerpos presentaban signos de tortura y ejecución, en un acto que ha sido calificado como uno de los crímenes más atroces relacionados con la minería ilegal en el país.

Gran minería informal: el rostro del crimen organizado

Contrario a la imagen tradicional de la minería artesanal, en Pataz opera una gran minería informal que utiliza maquinaria pesada, plantas procesadoras y explosivos. Estas operaciones ilegales generan entre 6.000 y 7.000 millones de dólares anuales, superando incluso al narcotráfico en ingresos ilícitos.

La presencia de bandas armadas ha convertido a la región en un territorio sin ley, donde la violencia y el terror son moneda corriente. Desde 2020, al menos 39 trabajadores de la minera Poderosa han sido asesinados en ataques perpetrados por estas organizaciones criminales.

Omisión y silencio de las autoridades

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, solicitó la declaración de estado de sitio en Pataz tras la masacre. Sin embargo, ha evitado pronunciarse sobre las omisiones de su administración en la fiscalización de la actividad minera. Greco Quiroz, exconsejero regional, denunció que no se ha iniciado ningún Proceso Administrativo Sancionador (PAS) contra mineros ilegales, lo que evidencia una falta de fiscalización y, por ende, impunidad.

A nivel nacional, el Ministerio de Energía y Minas, liderado por Jorge Montero, tampoco ha tomado medidas efectivas para enfrentar la minería ilegal. A pesar de las denuncias y reportes de inteligencia, no se han cancelado los registros REINFO de operadores ilegales, permitiendo que estas actividades continúen bajo una fachada de legalidad.

El oro sigue fluyendo, el Estado sigue callando

La masacre de Pataz no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una cadena de omisiones y complicidades que permite que la minería ilegal prospere. Desde el gobierno regional hasta el Ministerio de Energía y Minas, pasando por organismos de fiscalización ambiental, nadie asume su responsabilidad ni activa los mecanismos legales para frenar esta situación.

Mientras tanto, el oro ilegal continúa saliendo del país sin control, las bandas criminales se fortalecen y las comunidades locales viven bajo el yugo de la violencia. El silencio de las autoridades ya no puede interpretarse como neutralidad: es complicidad.