Solo 14.2% de los peruanos confía en la Policía Nacional durante el primer semestre de 2025. Las cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana y el Instituto Nacional de Estadística e Informática revelan que más de ocho de cada diez ciudadanos desconfían de quienes deberían protegerlos.

La institución policial mantenía una aprobación cercana al 18% entre 2014 y 2019, niveles bajos pero estables que permitían cierta operatividad. La pandemia cambió temporalmente el panorama cuando los uniformados asumieron el control de las restricciones sanitarias y el confinamiento obligatorio, lo que elevó su aceptación hasta 28.2% en 2020. Aquel momento representó el punto más alto de la última década, aunque también marcó el inicio de un deterioro acelerado y constante.

Las protestas contra el gobierno de Manuel Merino en noviembre de 2020 dejaron varios manifestantes muertos y provocaron el primer descenso significativo hasta 24.6%. Durante la presidencia de Pedro Castillo, la aprobación cayó a 21.2% en 2022. La situación empeoró dramáticamente bajo Dina Boluarte cuando más de cincuenta personas murieron en manifestaciones entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, lo que hundió la confianza a 20.5% ese año y después a 17.6% en 2024.

La corrupción interna no constituye un problema de casos aislados sino una enfermedad institucional. Entre enero y julio de 2025, las autoridades detuvieron a casi mil efectivos policiales por delitos diversos. La inspectoría general reportó 222 capturas por violencia contra mujeres, 191 por delitos contra la administración pública y 181 por crímenes contra la vida, el cuerpo y la salud. La magnitud de las cifras demuestra que la institución se pudre desde adentro.

Siete policías participaron en el robo de varias toneladas de oro en el Callao. Los investigadores encontraron mensajes de texto que demostraban cómo los agentes planificaron el atraco desde dentro, aprovechando su conocimiento de los protocolos de seguridad y su acceso privilegiado a información sensible. El caso evidencia que grupos criminales operan dentro de la propia policía con estructura organizada y coordinación interna.

En Tarapoto, nueve agentes vinculados a la banda criminal Los Piratas fueron capturados en octubre de 2025. La organización dedicada al sicariato y narcotráfico contaba con protección y participación activa de uniformados que les advertían sobre operativos, rutas vigiladas y formas de evadir controles. La infiltración del crimen organizado en las estructuras regionales permite que las bandas actúen con total impunidad.

Dos efectivos fueron hallados con menores desaparecidas en un hostal de La Victoria. El descubrimiento mostró cómo algunos policías abusan de su autoridad y conocimiento de investigaciones para cometer crímenes graves contra poblaciones vulnerables. Los casos de trata y abuso sexual con participación policial representan la traición más absoluta al mandato de proteger a los ciudadanos.

Los transportistas que denuncian extorsiones en comisarías reciben amenazas minutos después de presentar sus quejas formales. El patrón demuestra que los delincuentes tienen informantes dentro de las dependencias policiales que filtran datos de manera inmediata. Las víctimas buscan protección y terminan recibiendo mensajes intimidatorios que les preguntan por qué se atrevieron a denunciar, lo que convierte a las comisarías en espacios de riesgo en lugar de refugio.

La inestabilidad política desde 2016 ha destruido cualquier posibilidad de reforma sostenida. La rotación constante de ministros del Interior y comandantes generales impide que las políticas maduren y produzcan resultados. Cada nuevo titular desmantela lo que sus predecesores iniciaron. Los procesos de compra de patrulleros, chalecos antibalas y tecnología para investigaciones se paralizan en trámites burocráticos o se cancelan con cada cambio de gestión.

La ausencia de control interno eficaz permite que los policías corruptos operen sin consecuencias tangibles. Las investigaciones disciplinarias avanzan con extrema lentitud mientras los efectivos involucrados en delitos graves permanecen en servicio activo durante meses o años. La impunidad envía un mensaje claro al interior de la institución donde la corrupción resulta más rentable que el trabajo honesto.

Con apenas uno de cada siete peruanos confiando en la policía, la legitimidad del orden público se encuentra en su punto más crítico. Sin reformas profundas que erradiquen la corrupción interna y fortalezcan la capacidad operativa real, la institución corre el riesgo de perder definitivamente la confianza de la población que tiene el deber de proteger.

Redacción: Luis Santiago Miguel Cabrera Gómez