La Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) advierte que más de 250 agencias se encuentran al borde del colapso debido a la escalada de extorsiones, amenazas y atentados que han convertido regiones como Lima Norte, Piura, La Libertad e Ica en zonas prácticamente inoperables para el sector financiero formal.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, más del 30% de la población urbana ha sido víctima de algún delito entre febrero y julio de 2025, siendo el robo y la extorsión los delitos más recurrentes. El Banco Central de Reserva del Perú calcula que la criminalidad le cuesta al país el 2.2% del Producto Bruto Interno anual, afectando directamente la inversión, el consumo y la productividad nacional. Los créditos inmobiliarios han caído 13.1%, mientras que los destinados a construcción y enseñanza se redujeron en 3.2% y 3.5% respectivamente, según el Boletín Estadístico de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de agosto de 2025. El sector transporte, duramente golpeado por las extorsiones, apenas logró crecer 0.3% en el mismo periodo.

La peor parte de la crisis recae sobre las micro y pequeñas empresas, que pierden más de 6,000 millones de soles anuales debido a las extorsiones, mientras que más de 2,600 bodegas cerraron sus puertas solo en Lima durante 2024, al no poder resistir la presión de pagar cupos mensuales o enfrentar las consecuencias violentas de negarse a someterse al chantaje de los grupos del crimen organizado.

El repliegue del sistema formal ha sido aprovechado por el crédito informal de tipo «gota a gota», que se ha expandido de manera alarmante en todo el territorio nacional. Según la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, el préstamo ilegal ya moviliza más de 4,000 millones de soles y ha consolidado una banca paralela que opera bajo el miedo y la coacción. Se estima que la proyección podría superar los 6,000 millones de soles en 2026 si no se implementan medidas urgentes.

Mientras tanto, un 81% de los peruanos admite que la inseguridad condiciona sus decisiones financieras, cifra que alcanza el 90% en Lima. Muchos han optado por canales digitales o simplemente han dejado de solicitar créditos formales, temerosos de convertirse en objetivos de bandas criminales que vigilan los movimientos bancarios en busca de nuevas víctimas.

Las proyecciones de la FEPCMAC indican que, de no revertirse la tendencia, la inclusión financiera podría retroceder hasta cinco años, con pérdidas estimadas en 10,000 millones de soles en colocaciones. El panorama se agrava considerando que las zonas más afectadas son precisamente aquellas donde habitan los sectores más vulnerables y con mayor necesidad de acceso al crédito formal.

Una propuesta de estrategia integral que requiere acción coordinada entre el Estado y los organismos reguladores ha sido planteada por la Federación como respuesta ante la emergencia. Entre las propuestas figuran la derogación de normas consideradas permisivas con la delincuencia y la implementación de medidas más contundentes como jueces sin rostro y procesos sumarísimos. También se solicita que el Estado establezca garantías específicas para créditos en zonas de alto riesgo, permitiendo que las entidades financieras continúen operando en áreas donde la criminalidad ha elevado exponencialmente los costos operativos.

La digitalización segura y el impulso al uso de billeteras electrónicas mediante programas de educación financiera constituyen otro eje fundamental de las propuestas presentadas por el sector microfinanciero. Se demanda, a su vez, una protección efectiva para los analistas de crédito y trabajadores del sistema financiero, quienes enfrentan diariamente amenazas y riesgos mientras intentan llevar servicios financieros a las zonas más necesitadas del país.

Redacción: Luis Santiago Miguel Cabrera Gómez