La ola de violencia urbana se ha convertido en una factura económica de gran magnitud para el país. Un reciente informe revela pérdidas superiores a S/ 6 000 millones entre 2021 y 2024, y señala que al menos 2 600 bodegas han cerrado solo entre enero y agosto de este 2025. Las pequeñas emprendedoras, en particular, viven con miedo y desconfían de las medidas estatales declaradas para frenar la inseguridad.

La factura silenciosa de la delincuencia

Cuando el comercio de barrio siente la necesidad de bajar sus rejas, la economía nacional pierde algo más que pequeñas tiendas: pierde tejido social, empleos informales y confianza. Según datos de Asociación Gremial de Mujeres Bodegueras del Perú (AGREMUB), la suma del negocio informal afectado por robos, extorsiones y homicidios alcanzó entre S/ 6 060 millones y S/ 6 618 millones de pérdidas acumuladas en los últimos cuatro años.

En este agujero entran las ventas que ya no se concretan, el miedo que desincentiva la apertura de nuevos negocios y el incremento de costos en procesos de seguridad, que antes eran marginales.

Bodegas al filo del cierre

Entre enero y agosto de este 2025, el cierre de al menos 2 600 bodegas confirma que el malestar no es una tendencia futura: es el pulso de un presente.

Estas tiendas no solo son unidades comerciales, sino espacios de abastecimiento diario y de integración vecinal. Desde Lima hasta provincias como Piura, Trujillo y La Libertad, las rejas bajadas anuncian más que negocios clausurados: anuncian empleo perdido, abasto dificultado y miedo instalado.

Las mujeres pequeñas empresarias en la línea de fuego

El 70 % de las bodegas en el país están administradas por mujeres. Ellas, que ya cargan con la doble jornada laboral de hogar y tienda, hoy se enfrentan a amenazas, extorsiones y un entorno de mayor riesgo.

Como declara Carla Campos, presidenta de AGREMUB: «Trabajar para otros ya no resulta. Este negocio ya no es rentable».

Cuando una madre de familia deja su comercio por miedo, el daño se amplifica: la pérdida personal se convierte en impacto comunitario.

Medidas estatales y desconfianza estructural

El Gobierno ha respondido con declaratorias de estado de emergencia en distritos críticos como San Juan de Lurigancho, Sullana y Ventanilla. Pero el gremio de bodegueras considera que las acciones se repiten sin efectos tangibles: «No hay un plan, no hay estrategia», dice Campos.

La percepción es tan grave como la cifra: cuando el comerciante no ve policía, serenazgo o respaldo municipal de manera constante, el cierre se convierte en la salida más segura.

Economía barrial, resiliencia y riesgo colectivo

El comercio popular —pequeñas bodegas, quioscos y tiendas de barrio— representa un eslabón esencial del ecosistema económico informal. El cierre de miles de unidades no solo reduce la oferta de productos básicos, sino que lastima la economía barrial, fuente de ingresos, empleo y movilidad social.
Por cada bodega que baja su cortina, un vecindario pierde más que abastecimiento. Pierde un lugar de encuentro, una fuente de trabajo, un engranaje social.

La delincuencia no es solo delito: es freno al desarrollo, es pérdida de capital humano y económico, es desmoronar las bases del barrio. Cuando la factura asciende a más de seis mil millones y miles de negocios cierran, el reto no es solo patrullar calles, sino devolver la confianza para que emprender siga siendo una opción viable. Porque sin seguridad, no hay economía que prospere.

Redacción: Mauricio Saldaña Pizarro