El Congreso vuelve a poner en agenda la posibilidad de un noveno retiro extraordinario de fondos de las AFP. A pocas semanas de haber culminado el proceso del octavo desembolso, tres iniciativas legislativas buscan autorizar un nuevo acceso facultativo de hasta 4 UIT, lo que equivale a cerca de S/ 22.000 por afiliado.

La propuesta permitiría que los aportantes al Sistema Privado de Pensiones soliciten el retiro parcial de sus fondos acumulados en sus cuentas individuales. El mecanismo planteado seguiría el esquema aplicado anteriormente: solicitudes presenciales o virtuales y desembolsos fraccionados en armadas mensuales, con un máximo de una UIT cada 30 días calendario. Los fondos mantendrían su condición de intangibles, salvo en casos vinculados a obligaciones alimentarias.

Congreso debate un nuevo retiro de hasta 4 UIT del Sistema Privado de Pensiones (Foto: La República).

El argumento central de quienes impulsan esta medida es la necesidad de brindar liquidez a los hogares en un contexto económico aún frágil. El incremento del costo de vida, la desaceleración del crecimiento y la persistencia de brechas laborales son factores que han reducido la capacidad de ahorro de millones de familias. En ese escenario, el retiro de fondos previsionales es presentado como una herramienta de alivio inmediato.

Sin embargo, la discusión trasciende el corto plazo. Diversas voces dentro del sistema financiero advierten que la repetición de retiros extraordinarios afecta la estabilidad del esquema previsional. La incertidumbre sobre la permanencia de los fondos dificulta la planificación de inversiones de largo plazo y complica la evaluación de riesgos en el mercado.

En paralelo, el sistema de pensiones atraviesa un proceso de modernización que busca ampliar la competencia e incorporar nuevos actores financieros. Para que ese objetivo se concrete, se requiere un entorno de reglas claras y previsibles. La posibilidad constante de nuevos retiros genera dudas entre potenciales competidores, que evalúan el tamaño y sostenibilidad real del mercado antes de decidir su ingreso.

El impacto no se limita al ámbito privado. Si una proporción significativa de afiliados reduce de manera sustancial sus ahorros para la jubilación, el Estado podría enfrentar mayores presiones fiscales en el futuro. Un número creciente de adultos mayores sin pensión suficiente podría demandar apoyo a través de programas sociales, trasladando el costo al presupuesto público.

La experiencia de los retiros anteriores muestra que una parte importante de afiliados ya ha disminuido considerablemente sus fondos acumulados. Esto plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema para cumplir su función principal: garantizar ingresos durante la etapa de retiro laboral.

El debate, por tanto, enfrenta dos prioridades legítimas pero tensionadas. Por un lado, la urgencia de atender necesidades económicas inmediatas en un contexto de ingresos golpeados. Por otro, la responsabilidad de preservar un sistema diseñado para sostener a la población en la vejez.

En las próximas semanas, el Congreso deberá evaluar el alcance y las implicancias de la medida. Más allá de su eventual aprobación o rechazo, el noveno retiro reabre una discusión estructural sobre el modelo previsional peruano y la necesidad de equilibrar protección social, disciplina fiscal y estabilidad financiera.

Escribe: Naomi Selene Carrasco Cruz.