El Congreso de la República de Perú aprobó en segunda votación un dictamen legislativo que modifica sustancialmente el procesamiento penal de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. La iniciativa, respaldada por la representación parlamentaria, establece que los presuntos delitos cometidos por los efectivos uniformados durante el ejercicio de sus funciones institucionales sean tipificados y juzgados de forma exclusiva por los tribunales del fuero militar-policial, sustrayéndolos definitivamente del alcance de la justicia penal ordinaria. Tras alcanzar 52 votos a favor, 43 en contra y 5 abstenciones, el texto será remitido al Ejecutivo; de no mediar observaciones por parte del presidente José María Balcázar, la ley será promulgada en el diario oficial El Peruano.

Blindaje judicial. Una nueva ley del Parlamento dispone que los presuntos delitos cometidos por militares y policías sean juzgados únicamente por tribunales de su propia institución. Al ordenar que los jueces ordinarios cierren los expedientes si la justicia militar ya actúa, el marco legal congela el avance hacia fallos definitivos en la vía común, sembrando alarmas sobre un inminente escenario de impunidad. (Fuente: La República / YouTube)

Alcances normativos y archivo automático de causas

La disposición aprobada contiene un acápite de aplicación inmediata que impactará de manera directa en los procesos en curso dentro del Poder Judicial ordinario. La norma estipula que, ante la existencia de una investigación paralela o principal en el fuero militar-policial sobre hechos del servicio, los magistrados de la justicia civil y ordinaria estarán obligados a dictar el archivo definitivo e inmediato de las causas a su cargo. Esta ordenanza alcanza incluso a aquellas sentencias y condenas emitidas en el ámbito de la jurisdicción común que aún no hayan adquirido la condición de firmes o consentidas.

La aprobación del marco legal se consolidó principalmente a través del bloque de votos de las agrupaciones parlamentarias Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP), sumando adhesiones de bancadas como Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular, Somos Perú y Honor y Democracia. Durante las intervenciones parlamentarias, sectores a favor de la medida señalaron que la estructura militar posee especialistas idóneos para sancionar infracciones, argumentando que las críticas responden a un ensañamiento ideológico contra las fuerzas del orden.

Críticas del sector civil y objeciones constitucionales

La norma ha generado un profundo rechazo entre diversas bancadas de oposición y representantes del entorno político civil, quienes advierten un inminente escenario de desprotección ciudadana e impunidad. Parlamentarios contrarios al proyecto enfatizaron que la ley anula la rendición de cuentas de los malos elementos ante las leyes comunes del país, debilitando la confianza de la población en las instituciones del Estado.

Asimismo, analistas y exlegisladores especializados en materia constitucional señalaron que la reforma carece de un sustento institucional sólido. Recordaron que el propio Tribunal Constitucional (TC) ha determinado en reiterada jurisprudencia que las violaciones a los derechos humanos y los delitos comunes graves, como el homicidio, no corresponden bajo ninguna circunstancia a la jurisdicción militar debido a la naturaleza y gravedad del daño ocasionado a la sociedad, por lo que catalogaron la medida legislativa como inconstitucional. 

Escribe: Naomi Selene Carrasco Cruz.