El sistema de transporte público en Lima y Callao atraviesa uno de sus momentos más críticos debido al impacto de las extorsiones, una situación que estaría llevando a múltiples empresas al límite financiero y operativo.

Desde el gremio de transportistas se advierte que la inseguridad no solo afecta la continuidad del servicio, sino que también compromete la estabilidad de las empresas formales. Según representantes del sector, la presencia de organizaciones criminales ha reducido significativamente la capacidad operativa, obligando a muchas compañías a trabajar con una fracción de sus unidades.

Personas abordan un bus de transporte público en Lima en medio de la crisis del sector. (Foto: EFE / Paolo Aguilar)

La situación se agrava por el incremento de ataques contra trabajadores del rubro, lo que ha generado un clima de temor entre conductores y empresarios. Este escenario no solo afecta la seguridad, sino también los ingresos diarios de las compañías, que ya no logran cubrir costos básicos ni cumplir con compromisos financieros adquiridos en años anteriores.

De acuerdo con dirigentes del sector, en algunos casos las empresas operan con menos de la mitad de su flota habitual, lo que reduce la frecuencia del servicio y afecta directamente a los usuarios.

A nivel económico, el impacto también es evidente. La disminución en la recaudación diaria, sumada a los pagos exigidos por redes criminales, ha debilitado el flujo de caja de las empresas. Esto ha llevado a situaciones como la devolución de unidades a entidades financieras o la imposibilidad de sostener créditos destinados a la renovación de flotas.

Frente a este panorama, el gremio no descarta adoptar medidas drásticas. Una de ellas es la posibilidad de una paralización total del servicio, planteada como una forma de visibilizar la crisis y exigir acciones concretas por parte de las autoridades.

La advertencia apunta a que, de no implementarse soluciones inmediatas en materia de seguridad, el sistema podría colapsar progresivamente. Esto implicaría no solo la quiebra de empresas, sino también un impacto directo en millones de ciudadanos que dependen del transporte público para sus actividades diarias.

A ello se suma la falta de resultados en las iniciativas planteadas anteriormente, como la implementación de medidas tecnológicas o el fortalecimiento de unidades especializadas contra el crimen, las cuales según el gremio no han logrado ejecutarse de manera efectiva.

En este contexto, el sector transporte se mantiene en una situación de incertidumbre, a la espera de respuestas que permitan garantizar tanto la seguridad de sus trabajadores como la continuidad del servicio en la capital.

Escribe: Naomi Selene Carrasco Cruz.