Ovacionada en el Festival de Cine de Lima, la película de Javier Corcuera enfrentó horarios marginales y retiros en su estreno comercial, reavivando el debate sobre memoria y presiones políticas.

El pasado 8 de enero, las salas de cine del Perú se preparaban para el estreno de “Uyariy”, un documental dirigido por el reconocido cineasta Javier Corcuera. Lo que debía ser un espacio de encuentro y reflexión sobre los trágicos sucesos ocurridos en enero de 2023 en Juliaca, se transformó rápidamente en un escenario de controversia y denuncia. Pese a haber recibido una ovación en su presentación durante el Festival de Cine de Lima en agosto de 2025, la película enfrentó una barrera al llegar al mercado masivo.

La polémica estalló cuando la cadena Cineplanet retiró la película de su cartelera en Lima el mismo día de su estreno. Aunque inicialmente se anunciaron funciones en diversas ciudades, la programación real se limitó, en muchos casos, a horarios con poco tráfico de asistentes. Este tratamiento, calificado por usuarios y especialistas como una forma de censura camuflada, no solo evidencia una serie de trabas para el cine regional, sino que revela un patrón de control del relato político en un país donde la memoria parece ser un territorio en disputa.

“Uyariy” como forma de mantener la memoria 

A diferencia de otros documentales, “Uyariy” —que en quechua significa «Escucha» —, no se limita a ser un reporte periodístico de la matanza ocurrida en Puno durante los primeros meses del gobierno de Dina Boluarte, sino que su ambición narrativa es mucho más profunda.

La película traza una línea de memoria que conecta la violencia estatal de enero de 2023 con el registro de la resistencia en el sur andino. Al rescatar sucesos como la rebelión de Huancho Lima de 1923, donde la población fue reprimida por reclamar derechos fundamentales como la educación, Corcuera busca plasmar en pantalla que el abuso de poder no es un evento aislado.

“Lo que Uyariy hace y que las demás obras audiovisuales no han podido hacer es lograr transmitir esta necesidad de justicia, pero no desde aspectos legales, jurídicos, económicos o sociales en sí, sino lo sitúan desde un tema emocional”, explica la investigadora y crítica de cine, Mónica Delgado. Para la cineasta, Uyariy se compromete a mostrar un ángulo que otros medios no habían tratado, que es el de “despertar compasión”, recurriendo no necesariamente a una memoria histórica, sino afectiva, que exige ser empáticos con el dolor de otros.

Al dar rostro y voz a quienes han sido reducidos a cifras o etiquetas criminalizadoras, el cine se convierte en una herramienta de análisis y denuncia. Como señala el cineasta Sebastian Zavala: “El documental de la ficción, justamente nos puede ayudar a observarnos, analizarnos, a transmitir algo que otros no estan transmitiendo. A decir verdades, a promover ideales y dar a conocer situaciones que se están tratando de ocultar”. De esta manera la memoria afectiva es precisamente lo que estaría resultando peligroso para el poder.

Cuando el cine hace frente a la política

El caso de Uyariy no puede entenderse fuera del tedioso clima político que estuvo presente a lo largo del gobierno de Dina Boluarte. En los últimos años, el cine peruano ha pasado de ser un sector en crecimiento a convertirse en un blanco de ataques legislativos y administrativos. Los intentos de reformar la Ley de Cine —la denominada «Ley Tudela»—, han levantado alertas sobre un posible direccionamiento de los recursos públicos hacia contenidos que no resulten «incómodos» para el Estado.

Este fenómeno sugiere que el Perú está entrando en una etapa donde el arte que cuestiona al poder es recortado económicamente. Zavala advierte que estas decisiones políticas tienen un impacto directo en la diversidad de voces: “Gran parte de lo que se verá afectado por estas nuevas leyes termina siendo, por ejemplo, el cine de provincias y el cine en lenguas originarias, es decir, aquellas personas que generalmente no cuentan con los recursos necesarios para ser escuchadas y a quienes se busca silenciar”.

La lógica que guía estas decisiones parece dar mayor peso al interés comercial que al valor cultural. Zavala advierte una brecha preocupante entre quienes deciden y la relevancia de la identidad nacional, al señalar que, si bien el dinero es necesario para subsistir, la cultura cumple un papel fundamental que va más allá de lo económico.

El hecho de que un documental sobre abusos de autoridad sea marginado de la exhibición comercial mientras el Congreso discute leyes que limitan la autonomía del cine regional, no es una coincidencia, sino un síntoma de un gobierno que busca invisibilizar los abusos de parte de las autoridades.

La presión de un pueblo que aún recuerda

En este escenario, el rol de las cadenas de exhibición resulta clave y, en medio de la polémica, el nombre de Cineplanet cobra especial relevancia. Al formar parte de uno de los consorcios más poderosos del país, como Intercorp, sus decisiones de programación adquieren una inevitable dimensión política.

La asignación de horarios marginales —como las 2:00 p.m. o 11p.m. — es descrita por Delgado como “un atropello ya institucionalizado por las exhibidoras”. Esta práctica permite a las empresas cumplir formalmente con el contrato de exhibición mientras, en la práctica, sabotean la posibilidad de que el público asista, justificando luego el retiro de la película por «falta de taquilla».

Delgado denomina a este fenómeno como una censura del siglo XXI: “Hoy en día las censuras se dan de maneras más sinuosas. A partir de ese aparato mercantil, donde el cine se vuelve un producto y se impone la idea de que, si no vende, entonces no debería exhibirse, se construye una visión muy excluyente y discriminadora frente a una oferta que podría ser mucho más amplia”.

La exclusión también se sostiene en una narrativa política impulsada desde sectores de poder y reproducida por medios tradicionales que han buscado deslegitimar los hechos de Juliaca. En ese marco, el cine que aborda estos hechos se vuelve incómodo y enfrenta resistencias que trascienden lo cultural.

Según explica Delgado, la reacción adversa que genera la película se debe a la sensibilidad del tema y a la polarización que ha provocado, especialmente en Lima, donde se ha impuesto una lectura que estigmatiza a las víctimas. “Uyariy habla de un tema muy sensible”, señala, en un contexto donde ciertos discursos mediáticos y políticos —incluidos algunos congresistas— han llegado a presentar a las víctimas como “terroristas”.

Pese a las dificultades enfrentadas, el caso de Uyariy evidenció el poder de las redes sociales y puso de manifiesto el malestar de la ciudadanía frente a las políticas que el país viene adoptando. La presión y el reclamo sostenido en plataformas digitales obligaron a cadenas como Cineplanet a ampliar los horarios de exhibición en algunas regiones, aunque la resistencia a proyectarla en Lima se mantuvo.

Esta respuesta del público es, para los especialistas, una luz de esperanza en un panorama sombrío. Sebastian Zavala rescata este apoyo como un motor de cambio:

“Sentir el apoyo de los usuarios, de los cinéfilos y, en general, de las personas a las que les importan este tipo de temas fue clave para construir un escenario un poco más positivo. Aun así, seguimos dependiendo mucho —incluso para este tipo de producciones— de las grandes cadenas de cine, cuando deberían existir más alternativas y espacios distintos para que estos proyectos puedan exhibirse”.

La controversia que rodea a Uyariy no es un hecho aislado, sino parte de un problema estructural que atraviesa al cine regional. Más que una disputa por horarios o pantallas, el caso expone cómo el cine documental puede convertirse en un espacio de resistencia frente a narrativas oficiales y lógicas comerciales. En un escenario de reformas legislativas poco favorables para el sector, este caso ofrece claves para reflexionar y denunciar la gestión del derecho a la memoria en los espacios comerciales del país.

Redacción: Daniela Ramos