¿Es la defensa nacional una prioridad técnica o una moneda de cambio política en el ocaso de una gestión? La posible adquisición de 24 aviones de combate F-16 a Estados Unidos ha dejado de ser un asunto de soberanía para convertirse en un thriller de pasillo. Entre desmentidos oficiales y firmas bajo la mesa, el Gobierno de José María Balcázar enfrenta un dilema que pone a prueba su transparencia: admitir una compra multimillonaria en medio de una transición electoral o cargar con el costo de la sospecha.

El jefe de Estado reafirmó que la adquisición de la flota aérea no se concretará bajo su administración, delegando la responsabilidad de la compra al Ejecutivo entrante. (Foto: Presidencia de la República / Olea) 

La diplomacia del secreto

Mientras el mandatario ratifica ante los micrófonos que su gestión «no comprará aviones» y que la decisión recaerá en el próximo Gobierno, las bases aéreas parecen contar una historia distinta. Reportes sobre una suscripción de contrato en absoluto silencio en la Base de Las Palmas sugieren que el Ejecutivo ha optado por el pragmatismo geopolítico frente a la narrativa pública. Al elegir el modelo estadounidense sobre las ofertas de Francia y Suecia, el Perú no solo compra tecnología, sino que reafirma una alianza estratégica que Balcázar, paradójicamente, niega en cada entrevista.

Amenazas desde la clandestinidad

El ruido de los motores se mezcla con el de la política judicial. Desde la sombra, Vladimir Cerrón ha lanzado una advertencia que añade una capa de tensión criminal al proceso: cualquier firma en este contrato será procesada como un acto de corrupción. Este escenario plantea una pregunta incómoda para el Ejecutivo: ¿Es la negativa de Balcázar una convicción democrática de dejar el camino libre al sucesor, o un escudo protector frente a las represalias judiciales de sus antiguos aliados?

El costo de la ambigüedad

Gastar 3,500 millones de dólares en el cierre de un mandato nunca es una operación sencilla. La falta de claridad sobre si se adquirieron 24 aeronaves o si solo se firmó una intención de compra por 12, alimenta una incertidumbre que debilita la confianza institucional. En la política de defensa, como en el vuelo de combate, la falta de una dirección clara puede ser fatal; y en este caso, el Gobierno parece estar volando a ciegas ante la opinión pública.

Escribe: Naomi Selene Carrasco Cruz.