¿Hasta dónde llega la responsabilidad administrativa y dónde empieza la persecución judicial? El allanamiento a la vivienda de Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), marca un punto de inflexión en la crisis que atraviesa el sistema electoral peruano tras los comicios del 12 de abril. Lo que comenzó como una serie de fallas logísticas ha escalado a una investigación por presuntos delitos de colusión y omisión de funciones, poniendo en jaque la credibilidad de uno de los pilares de nuestra democracia.

El exjefe de la ONPE pone a disposición de las autoridades su equipo telefónico durante el registro de su domicilio en el marco de las investigaciones fiscales. (Foto: Composición Infobae / Dircocor) 

El dilema de la detención no autorizada

El operativo, ejecutado por la Fiscalía y la Policía Nacional, buscaba no solo recabar pruebas sobre las irregularidades en el proceso electoral, sino también la detención preliminar del exfuncionario. Sin embargo, el Poder Judicial, a través del juez Manuel Chuyo, denegó la privación de la libertad, autorizando únicamente la intervención del inmueble. Este escenario plantea un dilema jurídico crucial: ¿Existen indicios suficientes de dolo o estamos ante una judicialización apresurada de errores técnicos? Mientras la fiscalía busca demostrar una concertación ilegal, la defensa de la institucionalidad advierte sobre los riesgos de vulnerar el debido proceso en momentos de alta tensión política.

Redes de poder y sospecha

La investigación no se limita a Corvetto. El operativo incluyó viviendas de otros 18 funcionarios y personas vinculadas a presuntas contrataciones irregulares durante la gestión interina de José Jerí. La narrativa de la fiscalía apunta a una red que habría facilitado beneficios indebidos bajo la sombra de la emergencia electoral.

Este caso sitúa a la ONPE en su momento más vulnerable. En un país donde la transparencia de los votos es sagrada, el allanamiento del domicilio de su máxima autoridad —aunque ya fuera del cargo— actúa como un símbolo de la desconfianza sistémica. El reto de la justicia será ahora separar la ineficiencia de la corrupción, evitando que el estruendo de los allanamientos termine por demoler la poca fe que queda en el sistema electoral.

Escribe: Naomi Selene Carrasco Cruz.