El recién nombrado ministro de Educación, Jorge Marticorena, se encuentra en el centro de la controversia tras revelarse que cuenta con una sentencia judicial por un proceso de alimentos. El funcionario incluyó esta información en su declaración jurada, omitiendo especificar el número de expediente. El documento fue entregado al primer ministro Luis Arroyo y al presidente interino José María Balcázar antes de la emisión de la resolución suprema que oficializó su designación para una gestión que durará únicamente 22 días debido al próximo cambio de Gobierno.
José María Balcázar tomó el juramento de rigor a Jorge Alfonso Marticorena Mendoza quien asume las riendas del Ministerio de Educación. (Video: TVPerúNoticias / YouTube)
Historial judicial y deuda acumulada
La sentencia en mención fue dictada por el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Ica, disponiendo que el ahora ministro destinara más del 20% de su salario a la pensión de alimentos. Durante la demanda, que concluyó en 2019, Marticorena llegó a cuestionar la paternidad de la menor afectada. Posteriormente, ante el incumplimiento de los pagos correspondientes, el juzgado aprobó una liquidación de pensiones devengadas entre agosto de 2021 y septiembre de 2022, acumulando una deuda total de S/ 11,765.18.
Adicionalmente, en su declaración jurada remarcó haber enfrentado otras investigaciones fiscales y procesos judiciales bajo la condición de imputado o cómplice.
Denuncias por presunta injerencia universitaria
Más allá de sus problemas familiares, el legislador por la región de Ica, elegido en 2021 por el partido Perú Libre, arrastra cuestionamientos por presuntas presiones a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Según reportes periodísticos, Marticorena sostuvo múltiples reuniones con asesores y personal de la entidad con el fin de influir en el nombramiento de un rector específico para la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (UNICA).
Al ser rechazadas sus solicitudes por no corresponder a las atribuciones de la Sunedu, el parlamentario convocó en al menos 25 ocasiones a los funcionarios de dicho organismo al Congreso por motivos menores. Como consecuencia de estas acciones, la Asamblea Universitaria de la UNICA lo declaró «persona no grata» en enero de 2023 tras acusarlo formalmente de intentar intervenir de manera indebida en las elecciones internas de las autoridades de la institución.
Marticorena asumió el cargo en reemplazo de María Cuadros, quien dimitió luego de denuncias de irregularidades en el sector, y juró ante el presidente interino Balcázar en la Sala Eléspuru del Palacio de Gobierno.
Escribe: Naomi Selene Carrasco Cruz.
