La minería ilegal lidera con US$ 12,000 millones, seguida por trata de personas, narcotráfico y tala ilegal
Según estimaciones de la entidad Capital Humano y Social (CHS Alternativo), las economías criminales estarían movilizando más de US$ 15,000 millones al año en el Perú. La cifra de los cálculos sería más alta que el presupuesto combinado de los ministerios del Interior, Justicia, Poder Judicial y Defensa, y representaría entre 4% y 5% del Producto Bruto Interno del país según cálculos del Banco Interamericano de Desarrollo.
La minería ilegal encabeza las actividades ilícitas. El oro lidera con aproximadamente US$ 12,000 millones anuales, según el Instituto Peruano de Economía (IPE). La suma equivale al 4% del PBI y ha cuadruplicado su volumen desde 2019. A ello se añade la minería ilegal de cobre, que ha aumentado significativamente en los últimos 10 años y representaría entre 5% y 10% del valor de la minería aurífera ilegal.
Otros negocios criminales también mueven cifras millonarias. Luego de la minería ilegal, destaca la trata de personas, la cual alcanzaría aproximadamente US$ 1,300 millones anuales, mientras que el tráfico ilícito de drogas llegaría a los US$ 1,134 millones. Por su parte, la tala ilegal de madera superaría los US$ 800 millones, de acuerdo con la ya mencionada fuente de CHS Alternativo.
A día de hoy, un 32% de los peruanos ha visto negocios cerrar o reducir operaciones por la delincuencia en los últimos 12 meses, reporta el Observatorio del Crimen y la Violencia del BCP y Capital Humano y Social. Alrededor de 5 millones de personas habrían sufrido algún impacto económico directo por el crimen organizado, y es que la violencia ha escalado de forma alarmante en todo el país. El Observatorio identificó 1,271 homicidios hasta agosto de 2025. Entre las víctimas por ocupación destacan mototaxistas y taxistas con 101 casos, colectiveros y choferes con 79, obreros y albañiles con 47, trabajadores mineros con 34, y guardias de seguridad con 33. San Antonio de Putina en Puno y Pataz en La Libertad son las zonas más afectadas, ambas vinculadas a la minería ilegal.
Pero hay un delito que preocupa especialmente en las ciudades. Durante los primeros ocho meses de 2025 se registraron 18,385 denuncias de extorsión, un crecimiento de 29.3% respecto a 2024. La cantidad duplica las denuncias recibidas entre 2019 y 2023, que sumaron 36,947. Desde 2017, el delito creció 2,000% y pasó de tres a más de 70 denuncias diarias. A pesar del aumento, el número de encarcelados apenas creció 3%.
El problema se alimenta también desde dentro del Estado. La corrupción movilizaría alrededor de S/ 24,000 millones anuales, estima la Contraloría General de la República. En contraste, el presupuesto estatal para combatir la minería ilegal cayó de S/ 90.8 millones en 2024 a S/ 70.6 millones en 2025.
A pocos meses de las elecciones de 2026, algunos especialistas consideran poco probable que las autoridades aborden de manera integral la amenaza del crimen organizado, que hoy por hoy afecta gravemente al país. La respuesta del Estado se ha limitado a operativos punitivos sin una estrategia que involucre a todos los actores responsables, y ha minimizado las manifestaciones ciudadanas al respecto. Mientras persista la impunidad y la falta de coordinación institucional, estas actividades ilícitas seguirán consolidándose.
