La corporación Brookfield ha decidido lanzar un arbitraje internacional contra el Perú, acusando al Estado de medidas arbitrarias que habrían socavado la viabilidad financiera de su filial Rutas de Lima. En medio de una liquidación anunciada, se desata un enfrentamiento legal con posibles repercusiones para las concesiones y la confianza inversora en el país.

El telón de fondo: peajes suspendidos y crisis financiera

Rutas de Lima, concesionaria encargada de varias vías de peaje en la capital, anunció su proceso de disolución y liquidación, atribuyéndolo a lo que denomina un hostigamiento por parte del Estado y de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Según la empresa, la suspensión del cobro en ciertos casetas de peaje y decisiones administrativas habrían reducido sus ingresos en más de un 60 %, dejando insostenible su operación.

Ante este escenario, Brookfield —accionista mayoritaria— comunicó que ha iniciado un arbitraje internacional para reclamar compensaciones por lo que considera una “expropiación progresiva” de su inversión.

Lo que reclama Brookfield ante los tribunales internacionales

En su denuncia, la empresa acusa al Estado peruano de adoptar medidas arbitrarias, abusivas y hostiles, que habrían transformado el contrato de concesión en una carga financiera insostenible. Entre las quejas figuran:

• La suspensión del cobro en casetas estratégicas como Chillón y Conchán, que drena fuentes clave de ingreso para la concesión.
• La negativa estatal a ejecutar laudos arbitrales internacionales previamente emitidos, que Brookfield considera como obligaciones ya debidas por el Estado.
• Medidas administrativas locales que afectarían los derechos contractuales y la estabilidad regulatoria del proyecto viales.

Brookfield estima que las pérdidas acumuladas y el valor patrimonial afectado suman varios miles de millones de dólares, aunque no ha revelado con precisión la cifra exigida en su reclamación.

Liquidación, operación continua y la disputa en marcha

Aunque ha iniciado la liquidación, Rutas de Lima comunicó que continuará operando las vías concesionadas y cumpliendo con sus obligaciones con usuarios, trabajadores y proveedores mientras se desarrollan los procedimientos legales.

No obstante, la liquidación no impide que Brookfield reclame sus derechos a nivel internacional. La empresa ha señalado que se reserva el derecho de exigir cumplimiento de laudos pendientes y buscar que se compense el valor destruido por las decisiones estatales.

En conversaciones con medios, representantes legales de Brookfield han advertido que podrían recurrir incluso al embargo de activos estatales si no se cumple con la ejecución de laudos arbitrajes.

Implicancias para el Perú: inversión, reputación y contratos

Este enfrentamiento pone en jaque la estabilidad del modelo de concesiones en infraestructura del país. Algunos de los riesgos inherentes:

• Desconfianza inversora: empresas internacionales podrían replantearse los riesgos al invertir en proyectos de largo plazo en Perú.
• Cargas financieras estatales: de resultar a favor de Brookfield, el Estado podría enfrentar demandas multimillonarias.
• Precedente jurídico: el caso podría servir como prueba de cuánta intervención estatal puede aceptarse antes de fracturar los contratos concesionarios.
• Presión política y regulatoria: las figuras municipales y nacionales quedarán bajo vigilancia, pues Brookfield acusa a operador local (MML) de medidas contrarias al contrato.

Cuando una concesión vial, símbolo de desarrollo urbano y promesa de conectividad, se desvanece bajo la tensión legal, el conflicto revela algo más profundo: la fragilidad del pacto entre lo público y lo privado. Brookfield no solo declara en retirada, sino que lanza un pulso por justicia contractual. Si Perú no logra responder con transparencia y firmeza, el costo no será sólo económico: será también de credibilidad frente al mundo que observa.

Redacción: Mauricio Saldaña Pizarro