El Gobierno de Estados Unidos expresó esta semana su preocupación por un fallo judicial en nuestro país que limita las facultades del Estado para supervisar el puerto de Chancay, considerada estratégica para el comercio con Asia. La República Popular China y la compañía involucrada rechazaron los cuestionamientos y defendieron la legalidad del proyecto.
El puerto de Chancay, inaugurado en noviembre de 2024 por la entonces presidenta Dina Boluarte y el mandatario chino Xi Jinping, es uno de los proyectos más relevantes de inversión china en la región. Con una capacidad estimada de hasta un millón de contenedores anuales y ubicado a 80 kilómetros al norte de Lima, aspira a consolidarse como centro de conexión del comercio marítimo entre China y Sudamérica.
Vista aérea del Puerto de Chancay (Fuente: EFE)
El pronunciamiento estadounidense se produjo luego de que el Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima declarara fundada, en primera instancia, una demanda de amparo presentada por la operadora del terminal contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán). La resolución dispuso que el regulador debía abstenerse de ejercer funciones de regulación, supervisión, fiscalización y sanción sobre las actividades del puerto, salvo en materia tarifaria y únicamente si Indecopi determinase previamente que no existía competencia en el mercado.
A través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Washington señaló en la red social X que respaldaba el derecho soberano del Perú a supervisar infraestructura crítica en su territorio. Su mensaje advirtió que la falta de control estatal sobre el terminal podría implicar costos en materia de soberanía. En línea con lo anterior, el embajador estadounidense en Lima, Bernie Navarro, también replicó la posición y sostuvo que perder capacidad de supervisión conllevaba riesgos para el país.
Captura de pantalla de la publicación del Bureau of Western Hemisphere Affairs (Fuente: @WHAAss en X).
Las declaraciones se enmarcan en la estrategia de seguridad nacional difundida por la administración de Donald Trump a fines de 2025, en la que se planteó como prioridad ampliar la presencia de Estados Unidos en América Latina y contrarrestar influencias extranjeras.
Frente a los cuestionamientos, Cosco Shipping Ports Chancay Perú afirmó que la naturaleza privada del terminal no implicaba afectación alguna de la soberanía del Estado peruano. En un comunicado, sostuvo que el último mencionado mantiene control político, tributario y regulatorio a través de diversas entidades que operan de manera permanente en las instalaciones, entre ellas, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la Autoridad Portuaria Nacional, Migraciones y la Policía Nacional.
Desde Beijing, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, rechazó las afirmaciones de Washington y calificó de infundadas las acusaciones sobre una supuesta pérdida de soberanía. Sostuvo que la cooperación entre China y Perú en el puerto de Chancay respondía a objetivos comerciales y de desarrollo económico, y que los comentarios estadounidenses distorsionan el alcance del proyecto.
Redacción: Luis Santiago Miguel Cabrera Gómez
