El avance de la delincuencia organizada y las redes de extorsión ha dejado de ser únicamente un problema de seguridad pública para transformarse en un factor de asfixia económica estructural en el Perú. El Sexto Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia revela una realidad alarmante: el 45% de los ciudadanos a nivel nacional conoce directamente comercios formales o informales en sus entornos cercanos que se han visto obligados a cerrar sus puertas de forma definitiva o a recortar severamente sus horarios de atención debido al temor a represalias criminales.

Impacto económico de la delincuencia. Un balance técnico del Observatorio del Crimen y la Violencia detalla que el 45% de la población nacional reporta el repliegue o cese definitivo de actividades comerciales en sus barrios debido a amenazas delictivas. Con pérdidas anuales que bordean los 11 mil millones de dólares, los ciudadanos demandan de urgencia un rediseño de las estrategias de patrullaje y una reforma policial estructural contra las redes de extorsión. (Video: RPP)

Un impacto que alcanza a más de 11 millones de personas

El estudio técnico del Observatorio estima que aproximadamente 11,4 millones de peruanos perciben hoy una afectación económica directa o indirecta derivada de las actividades delictivas. El fenómeno, lejos de focalizarse en zonas periféricas aisladas, se ha diseminado de forma homogénea en los principales centros urbanos del país, golpeando principalmente a micro y pequeñas empresas (mypes), bodegas, servicios de transporte local y emprendimientos familiares.

El informe de coyuntura resalta tres nudos críticos en la respuesta del Estado:

• Ineficiencia de las medidas de excepción: El reporte cuestiona abiertamente la efectividad de la continua declaratoria de estados de emergencia, argumentando que las intervenciones no atacan las estructuras logísticas ni financieras de las bandas dedicadas al cobro de cupos.
• Impunidad en el delito de extorsión: Se identifica una alarmante falta de capacidad por parte del aparato judicial y policial para investigar, procesar y sancionar de manera efectiva las modalidades extorsivas.
• Mutación al entorno digital: El análisis advierte sobre un incremento sustancial en los riesgos del entorno virtual, donde las organizaciones criminales emplean canales digitales y aplicativos de mensajería para amedrentar a los pequeños comerciantes con total desparpajo.

El costo social de la desprotección estatal

La consecuencia más severa de esta crisis es el debilitamiento del tejido empresarial autónomo, que históricamente ha sostenido el empleo en las familias vulnerables. Ante la ausencia de un control territorial eficiente por parte de la Policía Nacional del Perú, los pequeños empresarios se ven forzados a destinar recursos indispensables para su subsistencia al pago de «seguridad» informal o a la quiebra inminente. El debilitamiento de la confianza comercial interna plantea un panorama complejo para los próximos trimestres, poniendo en evidencia la urgente necesidad de reformular las estrategias operativas de seguridad ciudadana a nivel metropolitano y regional.

Escribe: Naomi Selene Carrasco Cruz.