Una revisión de datos realizada por el periódico mexicano El Universal detalla un patrón de violencia letal contra las administraciones municipales, habiendo documentado el asesinato de 119 alcaldes municipales, tanto en funciones como electos, durante los últimos veinticinco años, un cálculo que equivale a un promedio de un funcionario municipal ultimado cada dos meses y medio en los Estados Unidos Mexicanos.

El análisis de dicho medio identifica el sexenio de Enrique Peña Nieto como el período con el mayor número absoluto de casos, sumando 42, seguido por los 37 registrados durante el mandato de Felipe Calderón y 26 en el de Andrés Manuel López Obrador. En contraste, Mauricio Tabe, actual presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), ofrece una perspectiva un tanto distinta sobre el ritmo de la violencia, argumentando que el primer año de la actual presidenta Sheinbaum ya acumula 10 homicidios, una frecuencia que, de mantenerse, proyectaría un sexenio con cifras récord.

La investigación realizada por diario antes citado también establece que las emboscadas con armas de fuego son el modus operandi más frecuente, aunque la violencia también se ha manifestado en secuestros, asesinatos por asfixia y  estrangulamiento, y hallazgos de cuerpos con signos de tortura. La información recopilada también muestra que el Estado de Oaxaca es la entidad con la incidencia más alta, reportando 24 de estos asesinatos, mientras que los Estados de Michoacán y Veracruz le siguen con 20 y 13, respectivamente.

La indefensión de los ediles también queda puesta de manifiesto en los casos documentados por la prensa en dicho país, donde varios funcionarios habían alertado públicamente sobre su situación de riesgo antes de ser asesinados. Ejemplos de ello son el caso del alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto, o la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo, quienes denunciaron amenazas de muerte antes de sus fenecimientos. La ANAC utiliza el reciente homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue atacado en un espacio público mientras se realizaba un evento en relación con la celebración del Día de los Muertos, como la evidencia más reciente de esa extrema vulnerabilidad.

Desde la ANAC se insiste en que las policías municipales carecen de la capacidad de inteligencia y fuerza para enfrentar a las estructuras del crimen organizado, por lo que reiteran el llamado a los gobiernos estatales y al federal para obtener protección. Tras los hechos en Uruapan, el gobierno federal de México informó durante la semana pasada del inicio del Plan “Michoacán por la Paz» y de reuniones con los familiares del asesinado.

Redacción: Luis Santiago Miguel Cabrera Gómez