El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha desplegado una campaña de verificación domiciliaria a gran escala, una medida que responde directamente a la controversial publicación del Padrón Electoral Inicial para las elecciones de 2026. Dicha publicación, que incluyó los datos de más de 27 millones de electores, generó una ola de cuestionamientos y temores sobre la exposición de información personal. Como resultado directo de la revisión pública, la institución informó haber recibido más de 300 reclamos y tachas formales, lo que ha motivado el inicio de una depuración física del padrón en varias regiones del país.
El epicentro de la controversia se sitúa en la última semana de octubre, cuando Reniec habilitó la consulta del padrón inicial. Cientos de peruanos reportaron con alarma que el sistema permitía, mediante el uso del número de DNI y el dígito verificador, acceder no solo a los datos propios, sino también a los de terceros. La información expuesta incluía nombres completos y, de manera crítica, la dirección domiciliaria de millones de ciudadanos, un dato confidencial altamente cotizado por organizaciones criminales para fines de extorsión, estafas y suplantación de identidad.
La reacción de los organismos supervisores fue inmediata. La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD), adscrita al Ministerio de Justicia, advirtió que el sistema de consulta implementado podría vulnerar la privacidad y excedía los límites establecidos por la normativa vigente. Se recordó que la ANPD ya había emitido informes vinculantes en años anteriores, instruyendo al Reniec que la dirección de domicilio no debía ser compartida públicamente. Por su parte, la Defensoría del Pueblo también se pronunció, exhortando a la entidad registral a garantizar la protección de datos y al Jurado Nacional de Elecciones a cumplir con su deber de fiscalización.
En medio de la tormenta, Reniec defendió la legalidad de sus acciones. La institución emitió comunicados aclarando que no se trataba de una filtración, sino de un proceso legal y obligatorio, sustentado en la Ley Orgánica de Elecciones. Según el organismo, la publicación del padrón en formación, una práctica vigente desde 1997, es esencial para la transparencia y la fiscalización ciudadana, permitiendo que los propios electores verifiquen la exactitud de sus datos antes del cierre del padrón definitivo.
Paradójicamente, la misma exposición de datos que generó la crisis fue la que permitió a los ciudadanos ejercer esa fiscalización de manera intensiva. Durante el breve periodo en que la lista estuvo activa, entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre, se acumularon los más de 300 reclamos y tachas formales. Los electores reportaron graves inconsistencias, sentando la base para la siguiente fase de la operación de la Reniec.
Impulsado por estas denuncias, Reniec movilizó a sus equipos para la depuración del padrón, iniciando la campaña de verificación domiciliaria presencial. Las primeras zonas intervenidas se ubicaron en Lima y Callao, con un enfoque prioritario en distritos como Lince, Jesús María y La Punta, donde se buscaba resolver, además de las nuevas tachas, un acumulado de más de 94.000 impugnaciones de años recientes sobre la veracidad de los domicilios.
La campaña de verificación ahora se ha expandido a nivel nacional, adquiriendo un carácter más quirúrgico. La Reniec ha confirmado que verificará 3.000 domicilios específicos en ciudades clave como Trujillo, Arequipa, Iquitos, Piura y Huancayo. El criterio de selección para estas visitas se basa en patrones de irregularidad evidentes, como aquellas direcciones donde figuran siete o más personas registradas, o en zonas que presentan variaciones poblacionales masivas, superiores al 14% respecto al promedio regional.
El objetivo de este despliegue masivo es doble. Por un lado, corregir los errores puntuales en las direcciones de los votantes y asegurar que los registros reflejen correctamente la residencia de cada ciudadano. Por otro lado, la finalidad principal es detectar y combatir el fenómeno conocido como el «voto golondrino». Dicho fraude electoral consiste en el cambio irregular de domicilio con el único fin de distorsionar la representatividad y los resultados en comicios distritales o regionales.
Para llevar a cabo esta labor, el personal autorizado acude a las viviendas para constatar si el ciudadano reside o no en el lugar, o si la dirección simplemente no existe. La Reniec ha alertado a los ciudadanos que sus empadronadores están debidamente identificados con chalecos y credenciales institucionales, asegurando que operan con actas preestablecidas. De este modo, el proceso electoral 2026 avanza en medio de una compleja dualidad, buscando garantizar la integridad del padrón tras un inicio marcado por graves cuestionamientos a la privacidad.
Redacción: Luis Santiago Miguel Cabrera Gómez
