La provincia de Pataz, en la región La Libertad, ha vuelto a convertirse en el epicentro de la violencia vinculada a la minería ilegal y el crimen organizado. Un contingente de delincuentes fuertemente armados irrumpió en la bocamina ‘La Joya’, manteniendo secuestrados a 33 trabajadores mineros bajo condiciones de extrema hostilidad. El cautiverio, que se prolongó por más de diez horas, culminó la madrugada del viernes gracias a una intervención de alta táctica desplegada por las fuerzas del orden.

Registro de la incursión del Comando Unificado en la bocamina ‘La Joya’ tras el asalto armado. El operativo conjunto de la PNP y las FF.AA. expone el nivel de sofisticación y violencia con el que operan las mafias del oro en La Libertad. (Video: TVPERÚ Noticias)

Una incursión armada y rescate bajo fuego

El asalto perpetrado por los criminales paralizó las labores en el centro poblado Pueblo Nuevo, donde el grupo armado tomó el control de las instalaciones subterráneas bloqueando los accesos y utilizando a los operarios como escudos de presión. Ante la gravedad de la situación, el Comando Unificado de Pataz (CUPAZ) —compuesto por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas— articuló una respuesta inmediata. El operativo de rescate derivó en un intenso enfrentamiento armado contra las bandas delictivas que controlaban la zona.

Tras horas de fuego cruzado y negociaciones tácticas en el terreno, las fuerzas combinadas lograron asegurar la bocamina y liberar a la totalidad de los rehenes. El reporte oficial detalló que 32 de los mineros fueron rescatados completamente ilesos, mientras que uno de ellos presentó heridas leves, recibiendo asistencia médica inmediata tras ser extraído de la zona de conflicto.

Pataz: Un territorio en constante estado de sitio

Este último suceso no es un hecho aislado, sino el reflejo de un problema endémico que el Ejecutivo no ha logrado contener. Pataz se encuentra sumida en un escenario de ataques sin tregua donde las organizaciones criminales transnacionales se disputan el control del oro. A pesar del despliegue de comandos unificados y las declaratorias de emergencia, la vulnerabilidad de las empresas mineras formales y de sus trabajadores sigue en aumento, evidenciando que la presencia del Estado aún es insuficiente para doblegar el poder logístico y bélico de las mafias que operan en el norte del país.

Escribe: Naomi Selene Carrasco Cruz.