El canciller Hugo de Zela anunció el pasado lunes 3 de noviembre la ruptura de las relaciones diplomáticas del Perú en relación con México, una medida provocada por la decisión mexicana de otorgar asilo político a la exprimera ministra Betssy Chávez. La exfuncionaria, procesada por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de 2022, se encuentra actualmente en la residencia de la embajada mexicana en Lima.
De Zela calificó el asilo como un «acto inamistoso» y una intervención inaceptable en los asuntos internos de Perú. Expresó que México, tanto bajo la administración de Claudia Sheinbaum como en la de su predecesor, persiste en una «equivocada» posición ideológica, intentando crear una «realidad paralela» al presentar como «víctimas» de persecución a personas que enfrentan procesos judiciales.
Como consecuencia directa de la ruptura, la encargada de negocios de México en Lima recibió un plazo perentorio para abandonar el país. El gobierno mexicano, por su parte, rechazó la decisión peruana, calificándola de «excesiva y desproporcionada» y defendiendo el asilo como un acto legítimo amparado en el derecho internacional.
El salvoconducto, en análisis
Tras la ruptura, la tensión se centra ahora en el salvoconducto. El canciller De Zela confirmó que México presentó la solicitud formal ayer por la tarde y que el área jurídica de Torre Tagle ya la analiza bajo la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954.
Este martes 4 de noviembre, el presidente interino de Perú, José Jerí, se refirió a la crisis, justificando la decisión al afirmar que «se mantuvo la cordialidad hasta donde se pudo». Más importante aún, Jerí adelantó que la «postura definitiva» de Perú sobre si concederá o no el permiso de salida a Chávez se conocerá probablemente este viernes. Aseguró que la decisión será «estrictamente» técnica y basada en los acuerdos internacionales.
Analistas han señalado que, si bien el canciller De Zela ha diferenciado entre el derecho de México a «calificar» el asilo y el de Perú a «decidir» sobre el salvoconducto, la Convención de Caracas obligaría a Perú a facilitar la salida una vez concedido el asilo.
A pesar de la gravedad de la medida, el canciller De Zela fue enfático en que la ruptura no implicaba la suspensión de los vínculos consulares. Los peruanos en México y los mexicanos en Perú continuarán bajo la protección y asistencia de sus consulados.
El presidente Jerí reforzó este punto hoy, al manifestar que tampoco prevé que la crisis diplomática afecte las relaciones comerciales bilaterales.
Redacción: Luis Santiago Miguel Cabrera Gómez
