El paro de 24 horas convocado por gremios de transporte urbano en Lima y Callao el miércoles 14 de enero de 2026 volvió a poner en primer plano la crisis de seguridad que afrontan conductores y empresas del sector. La protesta, que agrupó a más de 22.000 unidades según los organizadores, se realizó tras un 2025 marcado por 56 choferes asesinados y más de 60 ataques armados vinculados a bandas delincuenciales.
El reclamo tuvo como eje las extorsiones y el avance del sicariato, un fenómeno que los dirigentes atribuyen a la falta de resultados de las autoridades. En lo que va de 2026, el Sistema de Información de Defunciones del Ministerio de Salud reporta 70 homicidios en el país, con 32 en Lima y 18 en el Callao. Representantes del rubro aseguran que ya se han registrado al menos 10 ataques contra conductores en las primeras semanas del año.
Mientras un grupo de transportistas se reunió con el presidente José Jerí en la Plaza de Acho, otros conductores reclamaron que el encuentro no incluyera a quienes trabajan al volante y exigieron garantías, acompañamiento policial permanente e indemnizaciones. Dirigentes insistieron en que el problema desborda al Ejecutivo y pidieron una articulación con el Congreso, el Ministerio Público y el Poder Judicial, bajo el argumento de que presuntos implicados han sido liberados.
Tras la reunión, el Ejecutivo anunció medidas para responder a una de las modalidades asociadas al sicariato, el uso de motocicletas con dos ocupantes. Jerí indicó que se publicaría un decreto supremo que prohibiera esa circulación y que permitiría a la Policía intervenir de inmediato a nivel nacional. El ministro de Transportes, Aldo Prieto, adelantó que se endurecerán las sanciones con un esquema de puntos que podría llevar a la pérdida de la licencia ante reincidencia.
Jaime Graña, gerente general de la Asociación Automotriz del Perú, sostuvo que la prohibición impactaría en millones de usuarios que emplean la motocicleta para trabajar o movilizar a sus familias. También pidió claridad sobre el sustento de la decisión y sobre cómo se medirá su eficacia, al tiempo que advirtió preocupación de las marcas por el efecto económico y la incertidumbre en el mercado.
En paralelo, el Gobierno volvió a referirse a la Ley 32490 contra la extorsión y el sicariato, una norma que el gremio transportista había exigido aplicar tras su aprobación en noviembre. Jerí señaló que esta entraría en vigor a más tardar el lunes 19 de enero de 2026, con una reglamentación que incluiría un grupo policial y fiscal especializado y herramientas como la extinción de dominio. El decreto, a esta hora, sigue sin ser publicado.
Redacción: Luis Santiago Miguel Cabrera Gómez
