Las manifestaciones que sacuden a Irán desde el 28 de diciembre, iniciadas por el deterioro económico en el país y la pérdida del poder adquisitivo de su población, terminó derivando en una crisis política de mayor alcance, pues a medida que las concentraciones se expandieron, el foco dejó de ser únicamente económico y comenzó a incorporar reclamos contra la falta de libertades, la represión y el integrismo religioso, con consignas abiertamente dirigidas contra la República Islámica y su liderazgo. Organizaciones de derechos humanos estiman que la respuesta de las fuerzas de seguridad ha provocado miles de muertes, mientras el Gobierno iraní acusa a Estados Unidos de alentar la inestabilidad.
El origen inmediato de las protestas estuvo ligado a la inflación y a las distorsiones del sistema de tipos de cambio, señaladas por analistas como un foco persistente de corrupción. Con el paso de los días, las demandas se ampliaron hacia el plano político y social, en una dinámica que recuerda episodios anteriores de movilización, donde también se empleó el uso de la fuerza para socavar las movilizaciones.
Donald Trump ha instado públicamente a los manifestantes a mantener la presión y ha prometido una ayuda cuya naturaleza no ha sido precisada. En una carta enviada al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, el embajador iraní ante el organismo acusó a Washington de incitar al desorden y atribuyó responsabilidad legal a Estados Unidos e Israel por la muerte de civiles.
Las cifras de víctimas varían según la fuente. La ONG Hengaw, con sede en Noruega, sostiene que la represión podría haber causado más de 2.500 muertes, en el marco de una política que describe como sistemática y coordinada. Otras organizaciones, como Human Rights Watch, han pedido una investigación internacional independiente. Las autoridades iraníes, por su parte, reconocen alrededor de 2.000 fallecidos, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, mientras grupos de monitoreo independientes confirman cifras menores pero advierten sobre dificultades para verificar los datos debido al apagón informativo.
En Teherán, durante el día de ayer se vio movimiento temprano en calles y comercios, pero bajo vigilancia reforzada. Agentes antidisturbios y efectivos de la fuerza Basij se desplegaron en cruces principales, algunos con escudos y armas largas, según testigos citados por agencias. En paralelo, el Gobierno habilitó de forma parcial las llamadas al extranjero por celular, aunque mantuvo el bloqueo sobre internet y los mensajes de texto. El apagón, que según Human Rights Activists in Iran (HRANA) superó las 100 horas, sigue dificultando la verificación independiente de lo que ocurre fuera de la capital.
Estados europeos convocaron a embajadores iraníes para exigir explicaciones, y la OTAN y la Unión Europea condenaron el uso de la fuerza contra manifestantes. Rusia, en contraste, advirtió contra lo que calificó como injerencia externa y alertó sobre las consecuencias de una mayor desestabilización regional.
Redacción: Luis Santiago Miguel Cabrera Gómez
