Según un supuesto que circula y se atribuye a Palacio —y que debe leerse como hipótesis especulativa y no como hecho demostrado— los videos de Jeri no habrían surgido de una filtración casual ni de un registro personal, sino —presuntamente— de las propias cámaras de seguridad de un chifa. Bajo esta lectura, el material habría sido compartido por alguien con acceso directo al sistema de vigilancia del local, lo que convertiría al origen del video en un acto deliberado más que accidental.

Este mismo supuesto plantea que el dueño del chifa podría, de forma hipotética, mantener vínculos con intereses del gobierno chino. La conjetura se articula con un contexto geopolítico mayor: la reciente aprobación por parte del gobierno de Estados Unidos de un acuerdo de hasta 1,500 millones de dólares para apoyar el diseño y la construcción de instalaciones en la Base Naval del Callao y equipar a la Marina de Guerra del Perú. Este proyecto, aún sujeto a revisión del Congreso estadounidense, incluiría asistencia técnica, logística y posiblemente la presencia de personal estadounidense en Perú por hasta una década.

Desde la óptica oficial estadounidense, esta cooperación busca “fortalecer la seguridad” de un socio importante en Sudamérica y contribuir a la estabilidad regional, y se ha interpretado en algunos análisis como parte de un esfuerzo por contrarrestar la creciente presencia de infraestructura china, especialmente en el sector portuario —como el megaproyecto de Chancay financiado por empresas estatales chinas— que compite geográficamente con la expansión de la infraestructura portuaria en Callao.

Dentro de este registro más amplio, la teoría Palacio sugiere que la caída política o la salida de Jeri no sería simplemente el resultado de una crisis interna, sino parte de una conspiración subnacional destinada a desplazarlo del poder y abrir un espacio para un liderazgo político —posiblemente de izquierda, según esta conjetura— mejor alineado con otros intereses geoestratégicos. Este supuesto entrelaza vigilancia, poder y oportunidad, y convierte un video local en un símbolo dentro de interpretaciones más amplias sobre influencias extranjeras y equilibrio estratégico.

La situación política de José Jerí

Al margen de esa teoría especulativa, el contexto real de la presidencia de José Jerí es claramente convulso y marcado por presiones políticas y protestas sociales. Jerí asumió la presidencia del Perú el 10 de octubre de 2025 tras la vacancia de Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente” aprobada por el Congreso.

Desde entonces, su gobierno ha enfrentado fuertes protestas ciudadanas, especialmente impulsadas por la llamada “Generación Z” y otros sectores, que han exigido no solo cambios profundos en políticas de seguridad y económicas, sino también su renuncia. En octubre de 2025, manifestaciones multitudinarias llevaron a choques con la policía y a la declaración de un estado de emergencia de 30 días en Lima y Callao para intentar controlar la violencia y el descontento social.

En enero de 2026, la presión sobre su mandato aumentó con la revelación de reuniones privadas con un empresario chino, Zhihua Yang, que no fueron registradas oficialmente. Estas reuniones —captadas en imágenes difundidas por la prensa— han sido citadas por sectores de la oposición como motivo para cuestionar su transparencia y moralidad. En el Congreso se impulsa actualmente una moción de vacancia por “incapacidad moral”, respaldada por varios legisladores de bancadas de izquierda, aunque todavía no ha alcanzado las firmas necesarias para ser discutida formalmente.

A pesar de estas tensiones, Jerí continúa en funciones como presidente interino, pues su mandato se juzga crucial para la estabilidad política en medio de un año electoral, y algunos analistas señalan que su remoción en este momento podría agravar la inestabilidad legislativa y social.