La extorsión en el Perú se mantiene sin retroceso y muestra un patrón de desplazamiento fuera de Lima Metropolitana, con un impacto creciente en el interior del país y, en particular, en zonas rurales, según el quinto reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia del BCP. El estudio señala que una cuarta parte de la población adulta, más de seis millones de personas, ha sido víctima de extorsión o conoce a alguien que la sufrió en los últimos tres meses, una proporción que se mantiene entre el cierre de 2024 y el mismo periodo de 2025.
Aunque Lima registró una reducción de dos puntos porcentuales en incidencia (de 32% a 30%), el reporte describe un traslado del delito hacia otras regiones. La afectación subió con fuerza en el centro del país, donde pasó de 15% en 2024 a 23% en 2025, y también aumentó en el sur y el oriente. Para los autores del informe, la caída en la capital no implica mejora estructural, sino una redistribución territorial vinculada a economías más informales y a una menor presencia del Estado.
Uno de los autores, el exministro del Interior Carlos Basombrío, cuestionó la calidad de los registros oficiales y afirmó que existe evidencia de adulteración de cifras en el Sidpol, un señalamiento que, de sostenerse, complica la lectura del fenómeno y la formulación de políticas públicas basadas en datos confiables. Desde la investigación, se advierte que la manipulación estadística puede encubrir el avance real de la criminalidad.
El informe también muestra un giro en el perfil socioeconómico de las víctimas. La incidencia disminuyó en los niveles A y B, se mantuvo en el nivel C y creció con fuerza en los sectores D y E, donde pasó de 15% a 20% en 2025. Los investigadores vinculan ese cambio con la expansión del delito hacia ciudades intermedias y áreas rurales, donde predominan actividades económicas informales y mayores brechas de seguridad.
Dentro de las modalidades que ganan terreno, el “gota a gota” aparece como una de las más extendidas. La proporción de quienes reportan haber sido víctimas o conocer a alguien afectado por este mecanismo de crédito informal subió de 15% a 19% en el último año. La caída en Lima fue marginal, mientras que en el interior urbano la incidencia se elevó con mayor intensidad, pasando de 14% en 2024 a 21% en 2025, en un contexto de alta informalidad laboral, con alrededor del 70% de la PEA fuera del sector formal.
El reporte incorpora además el aumento de estafas por teléfono o internet. En los últimos tres meses, más de 6 millones 685 mil adultos fueron víctimas de este tipo de delito, equivalente al 27% de la población mayor de 18 años, dos puntos porcentuales más que en 2024. Lima concentra una incidencia de 30% y el interior alcanza 25%, con el centro del país como la zona de mayor salto, de 17% a 30% en un año.
En el apartado de sectores más golpeados por la criminalidad, el informe destaca al transporte. En 2025 se reportaron 239 transportistas asesinados, una cifra que, según Basombrío, ya está alterando patrones laborales y empuja a conductores con experiencia a abandonar el oficio, en medio de la presión de bandas dedicadas al cobro de cupos y otras formas de extorsión.
Redacción: Luis Santiago Miguel Cabrera Gómez
