El Congreso de la República aprobó una ley que establece un incremento en las pensiones para docentes jubilados y cesantes, una medida que ha generado tanto respaldo político como cuestionamientos sobre su sostenibilidad económica. La norma fue aprobada por insistencia tras haber sido observada previamente por el Poder Ejecutivo.

La iniciativa plantea que los maestros retirados reciban una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala de la carrera magisterial. Actualmente, esta referencia se sitúa alrededor de los 3.500 soles, aunque durante el debate también se mencionaron montos cercanos a los 3.300 soles como base de cálculo.

Docentes en aula durante una jornada escolar en Perú. La nueva ley busca mejorar las pensiones del sector tras su retiro. (Foto: El Montonero)

El respaldo en el Parlamento fue amplio. La votación registró 82 votos a favor, sin votos en contra y con algunas abstenciones, lo que permitió que la norma avance pese a las observaciones previas del Ejecutivo.

El alcance de la ley incluye a docentes de distintos niveles educativos —básica regular, alternativa, especial y técnico-productiva—, así como a aquellos pertenecientes a diferentes regímenes previsionales, tanto públicos como privados. El objetivo central es reducir la brecha entre los ingresos de docentes en actividad y quienes ya se encuentran retirados, considerando que actualmente muchos perciben pensiones significativamente menores.

Durante el debate, algunos congresistas defendieron la medida como una forma de garantizar condiciones de vida más dignas para un sector clave en el sistema educativo. También se destacó que los docentes cumplen un rol fundamental en la formación de millones de estudiantes, lo que justificaría una mejora en sus condiciones económicas tras el retiro.

Sin embargo, la aprobación no estuvo exenta de controversia. Diversas entidades advirtieron sobre el impacto fiscal que podría generar la norma. Según estimaciones del Consejo Fiscal, el costo anual podría superar los 5.600 millones de soles, lo que implicaría una presión significativa sobre las finanzas públicas.

Además, se cuestionó que el Congreso haya impulsado una medida con implicancias de gasto, considerando que la Constitución limita esta facultad al Poder Ejecutivo. Este punto podría abrir un nuevo escenario de debate legal en torno a la aplicación de la ley.

A pesar de estas observaciones, el Legislativo defendió la viabilidad de la propuesta y sostuvo que el financiamiento podría provenir de ingresos tributarios vinculados al sector educativo. No obstante, especialistas coinciden en que el verdadero reto será garantizar su sostenibilidad en el tiempo sin afectar el equilibrio fiscal del país.

Escribe: Naomi Selene Carrasco Cruz.