Luego de tres días de protesta que paralizaron el acceso ferroviario al santuario, autoridades cusqueñas, el Gobierno central y las empresas implicadas firmaron un acuerdo que restablece el transporte y garantiza el acceso controlado. Más de 2.300 turistas fueron afectados, comunidades exigían un cambio en la concesión: ahora se avecina un nuevo operador.

Protesta y bloqueo: exigencia contra el status quo

Desde el viernes, comunidades aledañas al Valle Sagrado bloquearon las vías férreas que conducen hacia Machu Picchu, exigiendo que la antigua concesión de transporte —ya vencida— no se prolongue sin una propuesta local. La empresa San Antonio de Torontoy, de origen comunitario, debía tomar las operaciones tras el fin del permiso de Consettur, vigente por 30 años.
Pero la transición generó protestas con barricadas de rocas y troncos. Según informes, al menos 17 heridos y más de un centenar de afectados, incluidos turistas, fueron consecuencia directa del enfrentamiento.

Evacuación masiva y presión creciente

En medio del caos, unos 2.300 visitantes —peruanos y extranjeros— fueron evacuados o lograron salir por sus propios medios durante martes y miércoles, mientras quedaban atrapados entre el santuario y las rutas cortadas. La paralización afectó tanto al sector turismo como a las comunidades que dependen de la llegada de visitantes.

La mesa del diálogo y los compromisos firmados

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) lideró la acción mediadora. En reunión con autoridades locales, representantes de Consettur y San Antonio de Torontoy, se firmó un acta donde se acordó un plan de contingencia conjunto. El pacto establece que ambas empresas gestionarán el servicio de transporte durante cuatro meses, plazo en que se organiza un nuevo proceso de licitación para elegir un operador definitivo.

También se anunció que los municipios provinciales y distritales coordinarán con la Policía Nacional y el Ministerio del Interior para asegurar el tránsito, evitar nuevas interrupciones y socializar los cambios a las comunidades.

Reapertura, municipio y futuro operador

Con el fin de la huelga, el acceso a Machu Picchu se restableció bajo control. Los ciudadanos locales celebraron el levantamiento del bloqueo, mientras que el gobierno enfatizó que el proceso para designar al nuevo operador deberá ser transparente y participativo. El municipio de Urubamba será clave en la socialización del proceso.

Este episodio pone de manifiesto la tensión latente entre derechos locales, patrimonios universales y políticas de concesión. Machu Picchu, como icono mundial, no solo exige reglas claras, sino mecanismos que respeten la voz comunitaria sin paralizar el turismo ni desatender la protección del entorno incaico.

Redacción: Mauricio Saldaña Pizarro