El presidente Nicolás Maduro promulgó un decreto que declara estado de conmoción externa, asegurando que podrá desplegar poderes extraordinarios si Estados Unidos comete una agresión. El anuncio lo hizo la vicepresidenta Delcy Rodríguez en un acto con diplomáticos, lo que profundiza la tensión militar y política entre Caracas y Washington.

Un decreto en medio de tensiones internacionales

El lunes, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que Nicolás Maduro firmó un decreto de conmoción externa en respuesta a lo que el gobierno califica como “amenazas” por parte de Estados Unidos. La medida “se activaría de manera inmediata” frente a cualquier tipo de agresión, dijo Rodríguez ante el cuerpo diplomático acreditado en Caracas.

Este decreto concede “poderes especiales” al presidente en materia de defensa y seguridad, incluidos el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en todo el país, el control de industrias estratégicas, el cierre de fronteras y la movilización de planes de seguridad ciudadana.

Claves del decreto: lo que puede hacer Maduro

El mecanismo de conmoción externa es uno de los estados de excepción contemplados en la Constitución venezolana. Según informes oficiales, el decreto otorga facultades para:

• Tomar militarmente infraestructuras esenciales y servicios públicos para garantizar su funcionamiento.
• Cerrar fronteras terrestres, marítimas y aéreas para proteger la integridad territorial.
• Activar planes de defensa nacional y medidas de seguridad con discreción ampliada.
• Movilizar la FANB y asumir el control de empresas clave en situaciones de crisis.

El decreto tiene una vigencia inicial de hasta 90 días, prorrogables por otros 90 más si el Parlamento lo aprueba. Además, debe ser presentado dentro de los ocho días ante la Asamblea Nacional o Comisión Delegada y evaluado por el Tribunal Supremo de Justicia para su constitucionalidad.

Argumentos y justificaciones del régimen

Delcy Rodríguez justificó la medida como respuesta a la política de EE. UU., que Caracas acusa de mantener despliegues militares en aguas del Caribe con fines intervencionistas. Según el gobierno venezolano, esas acciones serían parte de un plan para forzar un cambio de régimen.

El régimen sostiene que el decreto busca resguardar la soberanía, la independencia y los intereses estratégicos del país. Rodríguez advirtió que quienes promuevan o faciliten agresiones externas serán juzgados de acuerdo con las leyes nacionales.

Controversias, riesgos y oportunidades legales

La firma del decreto ha avivado polémicas:

• La oposición y organizaciones de derechos humanos exigen que se publique el texto completo en la Gaceta Oficial para que los ciudadanos lo conozcan.
• Existe el riesgo de que se restrinjan garantías constitucionales si el estado de conmoción se aplica de forma extensiva o prolongada.
• El Parlamento y el Tribunal Supremo conservan la potestad de aprobar o frenar el decreto, según sean los mecanismos constitucionales.
• Desde las filas del chavismo se considera que este decreto es una herramienta de defensa frente a una escalada internacional, pero algunos analistas lo interpretan también como un paso hacia una concentración mayor del poder presidencial.

El contexto que lo rodea

Venezuela ha estado en un punto de fricción creciente con Estados Unidos. Recientes acusaciones norteamericanas vinculan al régimen con narcotráfico, corrupción y amenazas a la estabilidad regional. Además, las operaciones militares estadounidenses en el Caribe han sido denunciadas por Caracas como actos de agresión.

Maduro y sus aliados han activado ejercicios de movilización de la milicia civil, rutinas de vigilancia en instalaciones públicas y discurso de unidad nacional en torno al “enemigo externo”.

Redacción: Mauricio Saldaña Pizarro