Venezuela atraviesa una transición supervisada por Estados Unidos, donde el control de los recursos energéticos y las decisiones de seguridad regional marcan un proceso político aún incierto.

La operación militar relámpago que culminó con la extracción de Nicolás Maduro y su posterior traslado a un centro de detención en Nueva York ha dejado al sistema internacional en un estado de conmoción absoluta. Lo que comenzó como una campaña de «máxima presión» ha mutado en una intervención directa que no solo descabezó al ejecutivo venezolano, sino que ha reactivado explícitamente el mandato de 1823 como norma rectora en el continente.

Tras el humo de la operación militar, emerge una realidad compleja y llena de matices. Washington ha optado por una transición tutelada bajo la figura de Delcy Rodríguez, una carrera frenética por el control de los recursos energéticos y la imposición de una nueva doctrina de seguridad que desafía la soberanía regional. En medio de este reacomodo, la reciente liberación de presos políticos podría aparecer no como un fin en sí mismo, sino como una pieza de cambio en una negociación de alto nivel.

Soberanía energética

Más que abogar por la libertad de Venezuela, los movimientos de la Casa Blanca sugieren que su prioridad absoluta siempre fue el control de las reservas de crudo más grandes del planeta. El presidente Donald Trump ha sido transparente al respecto, admitiendo su deseo de que las grandes petroleras estadounidenses tomen el control de la industria venezolana. Su argumento, tan directo como polémico, sostiene que el petróleo venezolano pertenece a Estados Unidos debido a inversiones realizadas en el pasado.

«A Donald Trump en realidad la democracia no le interesa mucho, ya lo ha demostrado […] básicamente lo que está esperando es que se otorguen contratos para explotar el petróleo a empresas de Estados Unidos y que no le den contrato a ninguna empresa china», explica el analista político internacional, Francisco Belaunde.

La maquinaria para este traspaso de control ya está en marcha. Apenas días después de la operación, la Casa Blanca convocó a dos docenas de ejecutivos de las mayores petroleras del mundo —incluyendo a Chevron, Exxon, Shell y Repsol— para discutir las inversiones necesarias. El objetivo estratégico era recuperar la producción, reducir los precios del crudo en el territorio estadounidense y, fundamentalmente, desplazar a China y Rusia del sector energético venezolano.

Pero el camino no estaría exento de obstáculos. Ejecutivos petroleros estimaron que recuperar el sector costará al menos 10 mil millones de dólares anuales y exigen un entorno de seguridad estable como requisito absoluto. Mientras Chevron, que mantuvo operaciones en el país, calculó aumentar la producción un 50% en dos años, gigantes como Exxon se mostraron más cautos, recordando las pérdidas sufridas tras las nacionalizaciones en el gobierno de Hugo Chávez.

Ante las condenas de la cancillería de China, que exige el respeto a la soberanía venezolana y la protección de sus inversiones, la administración de Trump ha optado por una narrativa de seguridad nacional preventiva. Durante sus encuentros en la Casa Blanca, el mandatario sostuvo: “Una cosa que creo que todos deben saber es que si no hubiéramos hecho esto, China o Rusia lo habrían hecho”, sentenció.  Para Trump, el control de la cuenca petrolera venezolana es una pieza innegociable de su tablero geopolítico.

Transición tutelada vs. Oposición civil

Mientras la batalla por el petróleo se libra en despachos corporativos, la realidad política en Caracas presenta una paradoja incómoda. Tras la operación militar, la administración de Estados Unidos ha optado por no trabajar de manera inmediata con la oposición liderada por María Corina Machado para una transición, basando su estrategia en un enfoque de pragmatismo. 

Washington ha dejado el poder en manos de Delcy Rodríguez, una decisión fundamentada en informes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Según reportes de The New York Times, el secretario de Estado, Marco Rubio, se manifestó en contra de respaldar directamente a la oposición para evitar una mayor desestabilización que pudiera requerir una presencia militar estadounidense más amplia.

A pesar de que Machado es reconocida por haber encabezado la campaña electoral de 2024 con legitimidad popular, informes de inteligencia advirtieron que tanto ella como Edmundo González enfrentarían dificultades para consolidar su autoridad debido a la resistencia de los servicios de seguridad y otros grupos locales. 

“La explicación que han dado los norteamericanos es que justamente querían evitar una situación que genere violencia y desorden en el territorio venezolano, entonces se acomodaron al hecho de que el chavismo siga en el poder. […] Pero esto es provisional. Si hay elecciones en tres o cuatro meses, el chavismo va a perderlas y ya no seguirá en el poder”, señala el analista político. Esta perspectiva se alinea con los análisis que sugieren que la permanencia de las autoridades actuales dependerá de su nivel de colaboración en las próximas semanas.

En este marco, el gobierno venezolano anunció el inicio de la liberación de presos políticos, incluyendo ciudadanos extranjeros. La Casa Blanca atribuyó estas excarcelaciones a la influencia ejercida por Donald Trump, quien ha enmarcado estas medidas como un resultado de su estrategia de presión. 

Por su parte, la administración interina encabezada por Delcy Rodríguez ha manifestado su disposición para avanzar en una agenda de trabajo conjunta con Washington, aun manteniendo su reclamo por el regreso de Maduro. Esta apertura ocurre mientras la oposición, representada por María Corina Machado, busca consolidar su respaldo internacional en una próxima visita a Washington, lo que sitúa a las liberaciones no solo como un gesto humanitario, sino como un factor de negociación clave en la legitimidad del gobierno provisional

La “Doctrina Donroe”

Más allá de las fronteras venezolanas, la intervención ha sentado un precedente que inquieta a las cancillerías sudamericanas. La justificación de estas acciones bajo una versión modernizada y agresiva del principio monroísta, bautizada por el propio Trump como la «Doctrina Donroe», sugiere un cambio de paradigma en las relaciones hemisféricas. Esta doctrina no solo prohíbe la injerencia externa, sino que otorga a Washington la potestad explícita de administrar los recursos y las transiciones de naciones vecinas si considera amenazada su seguridad nacional.

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos ratificó este enfoque, poniendo atención en el continente americano como la gran prioridad para la supuesta protección de la patria estadounidense. El documento oficial declara sin rodeos que «Estados Unidos debe ser preeminente en el Hemisferio Occidental» para afirmarse en la región «dónde y cuándo lo necesitemos».

La reacción regional ha sido de alarma. Países como México, Colombia y Brasil han denunciado la violación del derecho internacional, temiendo que la «excepción venezolana» se convierta en la norma ante cualquier crisis futura. Belaúnde advirtió que Estados Unidos “se atribuye el derecho de intervenir en cualquier país de la región cuando considera que sus intereses están en riesgo, bajo la idea de que América Latina forma parte de su esfera de influencia”.

Venezuela inicia así el 2026 en un terreno desconocido, donde la liberación de presos políticos y las reuniones con petroleras dibujan un panorama en el que la libertad y los negocios se entrelazan inseparablemente. Mientras se busca extraer hasta 50 millones de barriles para Estados Unidos, los venezolanos quedan atrapados entre un gobierno interino que sobrevive por la gracia de Washington y una promesa democrática que, por razones de seguridad e intereses corporativos, ha sido puesta momentáneamente en pausa.

Redacción: Daniela Ramos